Rebajar la malversación en España, una apuesta arriesgada a un año de las elecciones / Foto: Josep Lago - AFP/Archivos
Rebajar la malversación en España, una apuesta arriesgada a un año de las elecciones
La reforma del código penal impulsada por el gobierno de izquierdas de España para rebajar las condenas por malversación, que favorece a sus socios independentistas catalanes, es una apuesta arriesgada a un año de las elecciones en un país sacudido en tiempos recientes por escándalos de corrupción.
Esta modificación, que debe ser aprobada este jueves por el Congreso junto a la derogación de la sedición, el otro delito por el que fueron condenados líderes independentistas que en 2017 intentaron separar a Cataluña de España, ha levantado fuertes críticas no solo de la oposición de derecha, sino en las mismas filas socialistas del presidente del gobierno Pedro Sánchez.
"No es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena", lanzó el martes, visiblemente irritado, el presidente regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a quien se le unió en las críticas este miércoles el presidente de Aragón, el también socialista Javier Lambán.
Son "hechos sin precedente en una democracia, que es hacer un código penal a la carta de los condenados", azuzó el jefe del Partido Popular (PP, conservadores), Alberto Núñez Feijóo, quien pidió adelantar las elecciones ya que, a su juicio, Sánchez ha quedado sin "legitimidad" para gobernar.
El propio Sánchez reconoció el fin de semana que eran decisiones "arriesgadas", pero afirmó que "no hay otro camino" si se quiere "rescatar a Cataluña de la crispación" y promover "la convivencia".
- Beneficios para Puigdemont -
Desde su llegada al poder en junio de 2018, Sánchez ha defendido una estrategia de "desinflamación" del conflicto en Cataluña, tras los hechos de 2017 que sumieron a España en una profunda crisis política.
Así, mantiene un diálogo con los independentistas moderados de ERC, en el poder en Cataluña, y en 2021 indultó a los nueve condenados a penas de entre nueve y trece años de prisión por la fallida secesión.
La disminución de las penas por malversación si no existió ánimo de lucro personal pasan a ser de 1 a 4 años de prisión e inhabilitación de 2 a 6 años. Hasta ahora, el delito se castigaba con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación de 6 a 10 años, aunque, con ciertos agravantes, aumentaba a prisión de 4 a 8 años e inhabilitación de 10 a 20 años.
Ese cambio y la sustitución de la sedición por un delito menor harán más laxas eventuales condenas a dirigentes catalanes que se fugaron al extranjero, como el expresidente regional Carles Puigdemont, pero también a otros ex cargos del gobierno regional enjuiciados.
Además, como en España las nuevas leyes benefician retroactivamente a los condenados, el exvicepresidente catalán y líder de ERC Oriol Junqueras, entre otros separatistas, podría ver recortada su inhabilitación y volver a la política en los próximos años.
- Un asunto "muy, muy sensible" -
Más allá de "desinflamar" Cataluña, la estrategia de Sánchez "tiene una orientación netamente política", buscando la "consolidación de las mayorías" en el Parlamento, donde el respaldo de ERC y otros partidos nacionalistas es clave si el gobierno minoritario de izquierdas quiere mantenerse en el poder en las elecciones de finales de 2023, estima a la AFP Paloma Román, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense.
El peligro, según Román, es que rebajar las penas por malversación "sorprende" en un país "que ha sufrido durante los últimos tiempos graves escándalos de corrupción", como el que remeció al PP y le permitió a Sánchez desalojarlo del poder en 2018 con una moción de censura.
La malversación es "un asunto muy, muy sensible para el electorado" de los socialistas y de su socio en el gobierno, la izquierda radical de Podemos, que de hecho se desmarcó de su modificación, para quienes "la lucha contra la corrupción (es) una de sus banderas", asevera la politóloga y socióloga Cristina Monge.
La medida puede entenderse en Cataluña, donde se busca pasar página, pero "en el conjunto de España, no", acota Monge, para quien este tema se convertirá en un fardo para el gobierno si los jueces la aplican y "políticos acusados de corrupción salen de la cárcel" o si a otros se les levanta la inhabilitación y terminan "en listas electorales".
Si esto ocurre, subraya, el asunto se convertirá en "el marco de la campaña electoral" y será un arma muy poderosa para el PP, que según encuestas actuales ganaría las elecciones, aunque tendría que gobernar con la extrema derecha de Vox.
F.Carstens--HHA
