Familia de profesor decapitado en Francia denuncia al Estado por no haberlo protegido
La familia de Samuel Paty, decapitado en 2020 por haber mostrado en clase caricaturas de Mahoma, denunció al Estado francés por no haberlo protegido, anunció este miércoles a la AFP su abogada, Virginie Le Roy.
"Tanto el Ministerio de la Educación Nacional como el del Interior cometieron errores, sin los cuales Samuel Paty podría haberse salvado", indicó Le Roy, que confirmó una información del diario Libération.
El 16 de octubre de 2020, Paty, de 47 años, fue apuñalado y después decapitado mientras volvía a su casa en una calle cercana a su colegio Bois d'Aulne en el tranquilo suburbio parisino de Conflans-Sainte-Honorine.
Su asesino Abdullakh Anzorov, un refugiado checheno de 18 años, le reprochaba haber enseñado caricaturas de Mahoma y pagó a jóvenes estudiantes para que le dijeran quién era. Murió abatido por la policía.
La denuncia presentada ante la fiscalía de París por los delitos de "no impedir el crimen y no ayudar a una persona en peligro" apunta a varios funcionarios, que estarían al tanto de la situación de Paty.
Entre la clase en que mostró las caricaturas, impartida el 8 de octubre, y su asesinato ocho días después, la dirección y los profesores del centro identificaron "una amenaza grave para su integridad física", según la familia.
En el punto de mira, la mediatización del caso en las redes sociales por Brahim Chnina, el padre de una alumna que aseguraba haber asistido a esa clase, y por el activista islamista Abdelhakim Sefrioui.
"Los agentes del Ministerio del Interior no asistieron a Samuel Paty", que debería "haberse beneficiado al menos del nivel más bajo de protección", algo que le "habría salvado", según sus familiares.
La denuncia también apunta a funcionarios de la Educación Nacional. Antes de presentarla, "la familia de Samuel Paty interrogó a los ministerios señalados y les pidió el envío de varias informaciones y documentos", agrega.
En total, quince personas han sido imputadas en este caso, entre ellas seis estudiantes, el padre de la adolescente y Sefrioui. Las investigaciones podrían cerrarse a finales de 2022, según una fuente cercana al caso.
El atentado conmocionó un país que ya había sufrido varios ataques yihadistas en la última década y reavivó los encendidos debates sobre la libertad de expresión, la religión, el laicismo o el derecho a la blasfemia.
A.Gonzalez--HHA